Reestructuraciones a la vista, ¿qué hay que tener en cuenta?

Desde el inicio de la crisis provocada por el Covid, el Estado a través del ICO ha avalado préstamos con 150.000 millones de euros en tres tramos, el último de marzo de 2022.

Como media, el Estado garantiza el 80% del riesgo de estas operaciones. La moratoria establecida, que permitía pagar solo los intereses y posponer el principal, está concluyendo para buena parte de los créditos y han comenzado a aflorar los problemas. Hasta octubre pasado las reestructuraciones de deuda de las empresas eran escasas, pero la situación ha empeorado con rapidez.

Un número relevante de compañías presentan deterioros de la situación financiera, lo que ha llevado a la apertura de procesos de reestructuración de deuda bajo la nueva ley concursal aprobada en septiembre pasado. Muchos de estos casos están promovidos por los fondos de inversión, tanto en su figura de accionistas como cuando son acreedores de las empresas con problemas. Esta situación es la antesala para que se multipliquen los casos y afecten a la banca española, a la que también se le pedirá que participe en los planes de reestructuración.

Lo más probable que esta situación se agudice durante el primer y segundo trimestre del año, hasta llegar a suponer un problema relevante. Atrás quedará un plácido periodo vivido en 2020 y 2021 y durante más de la mitad de 2022, sin apenas procesos.

En cuanto a los sectores afectados, los más débiles son el de alimentación, distribución, transporte y el agroalimentario; es decir, los productores, vendedores y los que distribuyen verduras, frutas y hortalizas, en general todo el sector primario. Las razones son claras: los precios de las materias primas, los fertilizantes, la energía -son grandes consumidores- y los combustibles registraron fuertes subidas desde 2021, situación que se agravó por la invasión de Ucrania. Las firmas que realizan productos elaborados, vieron cómo se dispararon los precios de los cereales, aceites y azúcar, entre otros.

Estos sobrecostes no se trasladaron a los precios hasta mediados de 2022. Buena parte de los productores estuvieron perdiendo márgenes durante muchos meses por la competencia y por encontrarse entre los grandes productores de commodities y los grandes distribuidores. La traslación a precios llegó tarde para muchas empresas que ya habían sufrido un fuerte deterioro en sus márgenes.

En esta situación, el tamaño es clave: las compañías con mayores riesgos son las medianas, con volúmenes relevantes, así como las pequeñas que son proveedoras de grandes superficies. Ambos tipos de empresas tienen dificultades para financiar sus operaciones y precisan cifras importantes de circulante, una liquidez a la que no tienen acceso. Además, algunas han sufrido problemas añadidos al descender su facturación por las malas cosechas provocadas por las sequías.

Las compañías con más dificultades son las que ya tenían un alto nivel de sobreendeudamiento en 2019, situación que agravaron al pedir créditos con avales del ICO desde 2020. Estas son las que precisan abordar con más rapidez los procesos de reestructuración de la deuda.

La subida de los precios finales en la alimentación en los últimos trimestres, así como la caída de los precios de los combustibles, pueden no ser suficientes para evitar que un número importante de empresas de los sectores citados sorteen la insolvencia.

Es cierto que la morosidad en conjunto de los bancos todavía está en niveles bajos. Las entidades han aprendido de la crisis de 2010 y han diversificado su riesgo por sectores y por tamaño de empresas. Por esta razón, es probable que ahora este problema empresarial dañe menos a sus balances. Además, disponen de un alto nivel de provisiones para insolvencias. No obstante, existe preocupación entre las entidades por lo que pueda llegar en los meses ya que las empresas pequeñas forman un universo heterogéneo de clientes, lo que dificulta establecer soluciones individualizadas.

El Banco de España ya ha avisado. Según el Boletín Económico del primer trimestre de 2023, más de una quinta parte de los créditos concedidos con aval del ICO están clasificados en situación de vigilancia especial. Esta denominación abarca a los préstamos en los que se ha observado un incremento significativo del riesgo desde el momento de la concesión. Esta tasa del 21,2% vigilada duplica la tasa media (10,4%) del conjunto del crédito a empresas con riesgo. Además, mientras el porcentaje de créditos del ICO vigilados creció en el tercer trimestre del año pasado, en el conjunto de las empresas descendió. El supervisor bancario alerta específicamente de que el final de la mayor parte de las carencias de los préstamos ICO «podría hacer crecer, aún más, sus ratios de activos problemáticos en el futuro».

En esta tesitura, será relevante la figura del experto independiente, que aparece en la nueva ley concursal, que, idealmente, debe ser nombrado por consenso entre las partes. En un momento previo al concurso, el experto podrá, por ejemplo, liderar las negociaciones para la venta de una unidad productiva de la empresa de manera ágil y rápida, sin que pierda valor. Una vez iniciadas las negociaciones del plan de reestructuracióna petición del acreedor o del deudor, podrá proponer la adopción de medidas estructuralesque considere adecuadas para asegurar la viabilidad de la compañía. Su labor puede ser decisiva para modificar las condiciones o la estructura del activo y del pasivo del deudor o sus fondos propios con rapidez de forma que se eviten daños mayores.

Otro tema relevante, tras la batería de medidas aprobadas en el último Consejo de Ministros de 2022, son las facultades otorgadas a la Abogacía del Estado para defender el crédito derivado de los avales públicos del ICO. Podrán intervenir, sin pronunciamiento del tribunal, cuando lo solicite el Ministerio de Asuntos Económicos. Además, incluso sin ninguna solicitud, los Abogados del Estados podrán participar en la tramitación de la aprobación del plan, en particular, para oponerse a su aprobación judicial. También podrán oponerse al auto de homologación del plan de continuación y el plan de reestructuración. Por supuesto, podrán intervenir cuando existan indicios de fraude o irregularidades.

El papel del experto independiente y el de los Abogados del Estado puede tener una gran relevancia en el devenir de los procesos de reestructuración y de los nuevos concursos de acreedores que, por desgracia, aumentarán sensiblemente en los próximos meses. La rapidez con la que se actúe será clave para minimizar los daños.

Eduard Milà, socio de FTI & Partners